Leire Díez moderó una charla en Ferraz junto a Pilar Llop en noviembre de 2020

Leire Díez, identificada como la "fontanera de Ferraz" por su profunda integración en el PSOE, compartía actos de alto nivel con figuras prominentes del partido mientras, presuntamente, tejía una red de corrupción utilizando su posición en la administración pública. El grado de fusión entre Díez y el partido socialista queda patente en las jornadas feministas celebradas en la sede del PSOE el 24 de noviembre de 2020.
En este evento, organizado un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Díez actuó como moderadora en una de las mesas. En esa charla estuvo acompañada por Pilar Llop, quien era la presidenta del Senado en ese momento y que posteriormente ocuparía el cargo de ministra de Justicia. El documento gráfico del evento al que ha tenido acceso EL MUNDO también muestra la presencia de Carmen Calvo, entonces secretaria de Igualdad.
La elección del PSOE de encomendarle a Díez un papel de moderadora en la segunda charla de las jornadas, tituladas "Escuela de pensamiento feminista Elena Arnedo: Contra la violencia machista", resulta "muy ilustrativo" sobre su relevancia interna. Durante su intervención, Díez se dirigió a Llop con familiaridad. Al comienzo de su mesa, la ex militante socialista pronunció la frase que se debía preservar: "Vamos a hablar de cómo podemos reformular la democracia con el feminismo".
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que la consolidación de esta influencia política es simultánea a la etapa en la que ella usaba su cargo público en la Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA), una sociedad que depende de la SEPI, para llevar a cabo "negocios personales" junto a otras dos personas imputadas.
Leire Díez fue aupada a la Dirección de Comunicación de ENUSA desde 2018, justo tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, y permaneció allí hasta 2021. La investigación le atribuye, junto a Vicente Guerrero (expresidente de la SEPI y hombre de máxima confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero) y Antxon Alonso, la construcción de una trama. Los tres están imputados por amañar contrataciones públicas a cambio de supuestas mordidas.
Según el auto del juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, el grupo, autodenominado Hiruko (los tres en euskera), operó al menos entre 2021 y 2023. Aprovechando sus sillones en las instituciones, la UCO señala que gestionaron el rescate de una empresa pública vasca y obtuvieron a cambio comisiones e inversiones en Jaca y Marbella. El magistrado argumentó que los investigados adoptaron "medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones". Este entramado de corrupción se mantuvo activo, según la investigación, incluso cuando Fernández ya había salido de la SEPI en 2019.